Candidaturas independientes y cuentas pendientes.
Corresponsalía de Dalia.
El anuncio por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en conjunto con el Congreso Nacional Indígena (CNI), realizado el año pasado, en torno a la formación de un Concejo Indígena de Gobierno, y la postulación de una candidata-vocera, indígena, mujer, para la presidencia de la República en las elecciones del próximo año causó revuelo entre la base política que durante cerca de dos décadas siguió los pasos del EZLN y participó en sus convocatorias. La iniciativa, concretada en la candidatura de María de Jesús Patricio, fue anunciada como una ofensiva de la movilización popular en contra del sistema capitalista en México. Los aplausos y las críticas no se hicieron esperar. Las plumas amigas encontraron en ella toda virtud posible, y han sido pocos los espacios donde se han planteado cuestionamientos a la misma. Luego de un año de su anuncio, se puede hacer un análisis crítico de la propuesta; parece ser, no sólo pertinente, sino necesario.
La socio-demografía en nuestro país se ha basado principalmente en dos criterios para “identificar y reconocer” a la población indígena, el lingüístico y el de auto adscripción, binomio al que se le ha sumado la variable de territorio, para poder trazar e implementar infinidad de programas sociales, políticas públicas y políticas en materia electoral.
En la última Encuesta Intercensal del INEGI (2015), a partir del criterio de hogar indígena, se contabilizaron 12 millones 25 mil 947 personas, lo cual representaría poco más del 10% total de la población nacional; a diferencia de la población que habita en las ciudades donde cada vez hay menos niños y más adultos, la población indígena en nuestro país crece año tras año: 8,667, 692 (1990), 10,220, 862 (2000) y 11,132, 562 (2010), es una población joven, mayoritariamente femenina, de alta movilidad y todavía más alta marginalidad.
A inicios de los años noventa la política y la acción gubernamental en México transitaron al modelo multicultural, ese que reconoce la diferencia y admite que no se pueden esencializar las identidades culturales. Esta transición se plasmó a nivel constitucional al modificar el artículo segundo y el cuarto, reconociendo el carácter pluricultural de la nación. La inserción del modelo multicultural en los “gobiernos democráticos”, se vio reflejado en la política de estado, en la distribución del poder y del presupuesto, afectando a todos los niveles de gobierno desde lo municipal hasta lo federal. A la par de esto fue que se “caminó hacia la democratización del sistema político-electoral mexicano”.
En 2004, tardíamente pero aún en este contexto, de acuerdo a las nuevas atribuciones en materia de geografía y distritación electoral, el entonces Instituto Federal Electoral (IFE, ahora INE) junto con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), realizó una redistritación incorporando criterios constitucionales como identidad y cultura. Dando como resultado 300 distritos electorales, de los cuales 28 fueron considerados oficialmente de mayoría indígena, esto es, regiones en las que por lo menos el 40% de sus pobladores son hablantes de una lengua indígena.
Uno de los problemas de esta caracterización, en materia de representatividad, es que no incluye a todos los pueblos indígenas del país, pues sólo contempla a 25 de ellos y deja fuera a 43. Sin embargo, cabe resaltar, que esos 25 pueblos contenidos representan poco más del 50% de la población indígena del país. Los 28 distritos electorales de mayoría indígena están dispersos en nueve estados: Chiapas (5), Guerrero (2), Hidalgo (2), Oaxaca (7), Puebla (4), Quintana Roo (1), San Luis Potosí (1), Veracruz (3) y Yucatán (3).
En 2012, tras siete años de esta redistritación electoral, además de distintos planes de desarrollo, de educación cívica y políticas públicas específicas para esas regiones, la participación ciudadana en estos distritos de mayoría indígena, fue considerablemente superior a la media nacional; en ellos aumentó el índice de participación de mujeres indígenas votantes así como funcionarias de casilla, auxiliares, promotoras de voto, e incluso de candidaturas indígenas a elección popular. Esto no es necesariamente un logro derivado de la conciencia cívica ciudadana, esto es un mecanismo planeado por el Estado e implementado a través del INE, que ha impuesto la credencial de elector como requisito indispensable para brindar servicios y derechos que por ley corresponden a la población indígena: sin credencial de elector no los dan de alta en el sistema de salud, no se pueden casar, no pueden heredar, no pueden registrar a sus hijos, no los pueden inscribir en las escuelas, no pueden ir a las ciudades a cobrar el dinero que sus familias les envían, no pueden ser registrados como comuneros en los censos del Registro Agrario Nacional, y un largo etcétera.
De un sinfín de formas, el Estado mexicano se ha servido de la diferencia cultural, la marginación y la categoría de género como motores transformadores de la cultura política comunitaria y nacional, con el objetivo de fortalecer su presencia institucional en regiones previamente fuera de su alcance.
Es en aras de este México “democrático e incluyente”, que las instituciones electorales cambian de nombre, de reglas y de atribuciones; es este un país que no sólo presume la alternancia electoral y el pluripartidismo, ahora también se adorna de candidaturas independientes.
Como sabemos, uno de los requisitos para los candidatos independientes es recolectar las firmas del 1% de la lista nominal, equivalente a 866 mil 593 personas, las cuales deberán estar distribuidas en al menos 17 entidades del país.
Con el debido registro ante el INE, María de Jesús Patricio Martínez (Marichuy), indígena nahua de Jalisco, oficializó su candidatura independiente a la presidencia de la república; respaldada por el EZLN y el Congreso Nacional Indígena, una con estructura militar y otra civil, las dos portando lo Nacional en sus siglas, apelan a la solidaridad de la sociedad civil haciendo uso de la diferencia cultural, la marginación y la categoría de género en su discurso político. Para llevar a cabo este proceso de recabar firmas se han dado de alta –a la fecha en que este documento es escrito- 7,305 auxiliares y han alcanzado el 8.1% del total de lo solicitado.
Creemos que el avance logrado luego de más de un mes de recolección de firmas, ya puede ir dibujando si el resultado será favorable o no, aventurándonos a comparar este proceso político con dos momentos previos de la movilización zapatista e indígena en el contexto nacional. Los resultados son dignos de preocupación.
El 21 de Marzo de 1999 el EZLN impulso la llamada Consulta nacional para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indios y por el fin de la guerra de exterminio, en una jornada simultánea a lo largo del país. Se dijo entonces: “la consulta se hará por el método de votación en las urnas en las zonas urbanas y rurales, y por el método de usos y costumbres en las comunidades indígenas y rurales del país que así lo decidan”. Se formaron brigadas de promoción y difusión de la consulta, salieron cinco mil delegados y delegadas zapatistas, con recursos propios se instalaron miles de urnas en todo el territorio nacional y se logró la participación de 2 millones 854 mil mexicanos.
El 1° de Enero de 2006 dio inicio La Otra Campaña, que recorrió el país entero. Durante la primera etapa de la misma se realizaron 402 reuniones (entre públicas y privadas), 17 marchas y 16 mítines, en la segunda etapa de LOC se realizaron 32 reuniones con pueblos indios del norte y occidente, ejidatarios, pescadores y sindicalistas.
Hace once años, con La Otra Campaña, el EZLN le apostó a una iniciativa civil y política que se desmarcaba del sistema político electoral del Estado, -señalando de una manera mejor lograda a lo que se intenta visualizar hoy con sus denuncias al INE-, el carácter antidemocrático y discriminatorio del sistema electoral. Esa Otra Campaña de la que hablamos, logró a partir de la organización y la solidaridad de mucha gente trazar una radiografía de la situacional nacional.
Todos aquellos que asistieron a alguna reunión o participaron en alguna de las concentraciones políticas de esa gran movilización nacional, podrán dimensionar el eco que tuvo en sus regiones. A nivel local es más fácil saber qué paso a lo largo de estos once años con todos aquellos colectivos que se organizaron en torno a esa convocatoria, si desaparecieron o crecieron, si siguieron trabajando más allá de los líderes y de las coyunturas políticas. ¿Qué pasaría si hoy en día una campaña política desde la oficialidad del sistema político electoral nos convoca?, ¿Seríamos los mismos o seríamos otros?, ¿Seríamos menos o más? ¿Se daría entrada a esos políticos que en su momento traicionaron, -activa o pasivamente-, los Acuerdos de San Andrés Larrainzar?
En un momento como el actual, en que una de las construcciones políticas populares que durante dos décadas ha marcado el derrotero para llevar adelante la lucha en contra de los efectos del capitalismo, convoca a la organización desde la participación en la política electoral, sería conveniente hacer un ejercicio de autocrítica (individual, colectiva, organizativa) entre quienes participamos en su convocatoria anterior, La Otra Campaña, y valorar si supimos hacernos responsables de todas aquellas realidades observadas y escuchadas a lo largo de varios meses. ¿En qué devino el esfuerzo vertido?, ¿Se tradujo únicamente en capital político para el convocante? Esta valoración se tendría que dar entre quienes aún se reconocen como compañeros y entre quienes dejaron de identificarse como tales. Es sumamente contradictorio que, por un lado, se enaltezca la rendición de cuentas como un elemento básico de un Buen Gobierno, y que por otro, se omita una valoración real de qué fue lo que pasó con todo ese esfuerzo y trabajo a nivel nacional, y sin más, se convoque años después a una nueva iniciativa política que, en definitiva, no concuerda con el sentido de los pasos que durante años se invitó a dar. En estas importantes omisiones, quizá, radica una de las flaquezas más apremiantes de la actual iniciativa, que conforme pasan los días simplemente no parece despegar.
La Otra Campaña, convocada por el EZLN – CNI, al igual que ahora el CIG y su vocera, tienen varios elementos en común, nos centramos en uno, las dos propuestas le estarían apostando a la organización de la gente, “de los dolores, de las rabias, los despojos y de las injusticias”.
Sólo que hoy en día nos encontramos ante una propuesta política con un discurso tan purista que sus críticos no pueden ser otra cosa que machistas o racistas, un discurso que apela a la categoría de género conjugada con determinadas condiciones sociales como garante de la viabilidad y representatividad. Un discurso que no argumenta o explica la continuidad con sus propuestas anteriores, un discurso que al más estilo de la criptografía y la fantasía “sólo algunos lo pueden entender” y quienes no lo entienden es porque “no saben leer”, un discurso que no se sustenta en una estructura organizativa, ni en el trabajo político previamente realizado, porque de ser así ese México de abajo y a la izquierda que a lo largo de todas estas décadas, los apoyó y acompañó en cada una de las iniciativas lanzadas, se habría sentido convocado y ya tendrían las firmas de más del 1% de la lista nominal. Lastimeramente, la candidatura independiente del EZLN y el CNI se disputa el quinto lugar en la recolección de firmas, con un locutor de radio de cuestionable popularidad.
Saquemos cuentas y cuestionemos, ¿por qué el Estado Mexicano a través de políticas públicas y electorales, programas de educación cívica y asistencia social, a través del registro civil, así como del reconocimiento de tierras, etc., ha impulsado el proceso de credencialización y engordado año tras año la lista nominal?, ¿para decir que todos los mexicanos somos iguales?, ¿para garantizar los derechos ciudadanos y la participación en la elección de nuestros gobernantes?, ¿para lograr una equidad de género?. El impulso a la inserción ciudadana de sectores poblacionales anteriormente marginados de la institucionalidad democrática tiene como objetivo el fortalecimiento del Estado, que se sabe poseedor de los instrumentos suficientes para hacer de esa ciudadanización un elemento central del control social. A fin de cuentas, esas instituciones que en palabras de los intelectuales que hacen suya la propuesta del EZLN-CNI, ponen “obstáculos, sabotajes y desiguales condiciones, propios del racismo estructural que permea las instituciones del Estado mexicano”, son las mismas que en últimas fechas han abierto la posibilidad de que se entreguen firmas en papel en prácticamente cualquier lugar donde la aplicación digital no funcione, no sólo en los 283 municipios de alta marginalidad previamente aceptados. Hay señales claras de que al sistema político-electoral mexicano le interesa disolver o saltar los obstáculos propios de la innegable desigualdad y el racismo estructural de las instituciones… para fortalecerlas. Y en mayor o menor medida, las candidaturas independientes, parecen estar haciendo una labor favorable a ello.
El problema de fondo para esta candidatura independiente no son los recursos, ni la tecnología, ni la posibilidad de usar el papel o el celular, su principal obstáculo es la falta de organización y trabajo político que los convocantes tienen no sólo en las ciudades, también en aquellos municipios catalogados como “de alta complejidad”, esos de difícil acceso, donde no hay luz, ni señal de internet, esos donde las dinámicas sociopolíticas de las comunidades indígenas han sido trastocadas por el Estado, dividiendo a los pueblos y anteponiendo el beneficio individual al colectivo.
