Corresponsalía y Opinión de Samuel Mexi, a 9 meses de la desaparición forzada de 43 estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero.

La historia la escriben los vencedores, y hay que decirlo, en México al pueblo, el vencido en muchos aspectos, le siguen dictando el mismo capítulo de desaparición y muerte. Desde la guerra sucia iniciada en los últimos años de la década de los sesenta o quizá mucho antes, allá en los pasajes fratricidas de la institucionalización del México moderno, hasta nuestros días, en los cuales el país entero yace convertido en un campo de batalla para el crimen organizado y las fuerzas militares de los gobiernos –indistinguibles entre ambos-, las consecuencias antes y ahora se ven reflejadas en un resultado común, el costo en vidas humanas. Costo que redunda además en cifras ignominiosas, de las que contrario a lo que pudiera parecer, un mero juego de números y estadísticas en las peroratas de políticos y funcionarios, de ellas no es posible reducir, bajo ningún método matemático o discursivo, el sufrimiento de las madres, hijos y hermanos de las víctimas por desaparición forzada u homicidios sin resolver; quienes sólo han de encontrar alivio en la verdad, que sea no el limitarse a señalar frívolamente a unos cuantos responsables, sino en el desmantelamiento del sanguinario ajedrez del que nos han hecho peones.

Y es que develar la intrincada maraña en que se resuelven las formas de opresión es un primer paso hacia la justicia, hacia el carácter liberador que posee; por una parte conocer bien a bien el porqué de que hoy en día no tengamos una cifra real o verosímil de mexicanos desaparecidos, o el porqué de lo monstruoso de hablar en aproximación de más de treinta mil -la desgracia de cualquier número no es poca-, y aun más, cuestionar el terror como síntoma de qué, es un primer paso para estar en aptitud de juzgar sobre lo inmediato, sobre lo que nos salta a la cara sin contención, para después buscar el origen sus en formas más domesticas de control social. Ignorar las causas de uno o de otro resultado –primario o consecuente-, por su parte, afianza el clima de impunidad y nos abandona a la injusticia, no conocer o no estar dispuestos a ver el copioso entramado de intereses que se urden detrás del asesinato de un paisano en el marco de la denominada “guerra contra el narcotráfico” es aceptar la mentira de una versión oficial que a lo sumo logrará ser verdad legal, y que en esos términos también actúa como discurso-soporte para el Estado criminal.

Así pues hablar de la violencia intrínseca en las relaciones de producción, pasan a un segundo plano, bien porque dicho trauma al ser asimilado bajo la carácter ideológico del Estado democrático moderno, los anhelos de desarrollo económico y, el edulcorante en que se expresa la sociedad de consumo, tanto la explotación o enajenación del trabajo, como la precariedad de satisfactores económicos elementales, se vuelven una inopinada forma de vida para la mayor parte de la población, mientras que para el resto es aceptable como una irremediable condición de clase (Zizek 2001). Es entonces que para los ojos de la sociedad cautiva lo que realmente vale como violencia, tiene lugar bajo una forma más brutal, sanguinaria incluso, hasta menos filosófica podría decirse. La violencia existe solamente bajo el palpable dolor de la guerra. Frente a este escenario estamos hoy parados y aun así, ante esta grotesca expresión de la violencia, de entre los afectados, que en suma somos todos, hay quienes prefieren aceptar una sola versión de los hechos, una historia a fuerza del terror; son ellos quienes sin una pregunta compran una respuesta, para poder asimilar el agravio sin atentar contra la estructura ideológica en la que se sienten complacidos. Pero están también los que admirablemente, desde el dolor han renunciado al miedo, ese se lo han tragado y han opuesto el orgullo del combatiente.

Así lo han hecho las Fuerzas Unidas por los desaparecidos, así lo han hecho los padres del Ayotzinapan furioso, tampoco cesa esta Casa en la exigencia de la presentación de nuestros hermanos; se ha negado pues, si bien con hambre de verdad, cualquier versión que las autoridades tilden de oficial, pues ésta resulta ser sinónimo de acomodaticia, exigimos la verdad que incomoda, la que destruye prejuicios y pone de cabeza la mentira del gobierno. En lo reciente es señalable la forma en que el anterior titular de la Procuraduría General de la Republica se refirió a la versión, que de los hechos del veintiséis de septiembre de dos mil catorce, estaba consignada en la averiguación previa al reputarla como “verdad histórica”, pues tal calificativo no es sino una ansiosa pretensión por asirse de un cabo de legitimidad desde el discurso y no a través de las pruebas –que tambalean frente a las opiniones de la comunidad forense independiente-, pues en el derecho tal concepto de verdad es por demás utópico, siendo sólo asequibles en la práctica los términos de verdad legal o procesal, y hasta en tanto no sea fallada por un tribunal. Al final del día la procuraduría en su cinismo falla desde la ciencia forense hasta la filosofía del derecho, evidenciándose el intento de simulación.

Pero a qué va la simulación, qué es lo que encubren y a través de qué lo hace: la respuesta es un concepto que cumple un doble propósito, el de hacerse valer como objeto de la maniobra, y el medio mismo a través del cual se lleva a cabo el encubrimiento, hablamos pues del Estado de derecho como Estado legal y éste como limitante a la justicia -o concedamos el termino critico de Estado paleo-iuspositivista (Ferrajoli, 2001)-. Y es que si se dice tener las leyes, si se crean las instituciones para su cumplimiento, pero se mofa de los gobernados con la legalidad cual artimaña o ésta no sirve a sus fines últimos, entonces estamos ante la simulación de Estado; esta es la historia de México, un país con leyes pero sin justicia.

Aquí es necesaria otra pregunta como saeta, en qué parte del discurso del llamado Estado de Derecho, encontraremos justicia y en qué parte hemos de ubicarla más que como un valor ideal, como una función propia de la asociación humana; esto se deja de lado en cualquier pronunciamiento que haga parecer al Estado de Derecho como figuración monolítica, el concepto de Estado de Derecho ha servido para referirnos al sostenimiento de las categorías de autoridad, incluso para hablar de seguridad pública o paz social, mas nunca sugiere una función de justicia que valga para todos los horizontes de la vida social.

Frente a la vacuidad del Estado de Derecho, la toma de justicia cobra expresión en acciones que desafían el status quo de la legalidad, la justicia se vuelve un incansable proceso de búsqueda, corporizado en la afrentosa indagación del paradero de un desaparecido al margen de las autoridades; es el grito que acusa a quienes hacen oídos sordos tras un escritorio o una barandilla; en suma, es un expediente abierto para un país mutilado, sobre el que debemos de juzgar nosotros, los que no vestimos toga, los desnudos. Han ocultado bajo abstracciones inferiores la verdadera justicia, han disfrazado a los criminales últimos, y desaparecido a los rijosos, a los testigos, a los rebeldes, a los libertarios, a los comunistas, y a los inocentes, a estos últimos los entierran bajo el término de daño colateral.

Entonces ahí junto al Estado de Derecho, está la violencia de Estado para perpetuar un orden cuadrangular de legalidad, infranqueable, inmune a la protesta, monstruosamente más fuerte cuando la reprime; así funciona la violencia de Estado, tanto para detener o desarticular de manera directa todo intento de búsqueda de justicia, como para cundir el miedo y el temor en una sociedad de por sí ya cautiva, borrando toda posibilidad de movilización emergente. En nuestro país, éste avasallamiento del poder se ha enquistado en todos los niveles de gobierno, sin la exclusión de pertenecer a un mismo aparato de poder que encubre la violencia desde el momento mismo en que se pueda señalar como un acto u abuso de autoridad, o corrupción. Y es que cuando presuntos policías municipales, entran por la madrugada a un domicilio a sustraer al mayor de los barones de la familia que ahí reside, la figuración del Estado está ahí, en el amague con armas prohibidas, en los uniformes y las botas, en las insignias que ostentan impunidad, la violencia de Estado está también en una investigación varada.

La desaparición forzada, por su calificación especifica en cuanto al sujeto activo, posee una característica complejidad en su persecución, pues si el acometimiento de este delito de lesa humanidad tiene como presupuesto típico la participación de elementos del Estado ya en forma directa o mediante su aquiescencia plagiaria, desde una percepción generalista -como negársela a quien sufre el secuestro de un hermano por elementos policiales- resulta absurdo, que las pesquisas de los responsables estén a cargo del mismo aparato que concibió culposamente, o bien mediante un dolo oculto, el crimen contra un paisano y de quienes tras el viven buscándolo.

Esta conducta criminal pues, lesiona gravemente los supuestos de legitimidad de un régimen democrático, aun más cuando se tiene conocimiento certero de que el contexto en el que ocurre es el de una represión sistemática. La propia Corte Interamericana de los Derechos Humanos, se ha referido a la gravedad de la fenomenología que como delito de Estado tiene la desaparición forzada, pues advierte este organismo internacional, que el crimen de desaparición forma parte, en la mayoría de los casos –y México no ha sido una excepción- de un patrón sistemático aplicado o tolerado por el poder gubernamental. Esto ha sido relatado en el Caso Rosendo Radilla Pacheco, que desde 1974 tuvo que esperar treinta y cinco años para que un tribunal internacional reconociera que fue el Estado; fue el Estado quien llevo a cabo la desaparición de un campesino en un contexto de efervescencia política. Cabe además acotar lo vergonzoso que resulta, que nuestra historia, nuestra historia de dolor tenga que ser relatada por un tribunal fuera de nuestras fronteras, parece el colmo de todos nuestros males, que la jurisdicción de nuestra conciencia como pueblo no nos alcance para condenar con expeditéz a los gobiernos responsables de agresiones contra la población civil, y que por su parte se haga parecer a la justicia como un producto de importación.

Se ha dicho además, que el derecho a la verdad frente a un crimen de Estado, es un derecho colectivo, pero reflexionemos allí, si al referirse como derecho colectivo dicha corte habla de un prerrogativa que incumbe a la sociedad en groso modo, entonces dicho derecho no es una concesión sino una construcción que debemos ejercer quienes nos agrupamos en la búsqueda por la verdad, esa verdad que se nos oculta; la sociedad organizada no puede pedir al propio aparato criminal la clarificación de los hechos y que además se imponga las sanciones conducentes, la sociedad organizada, debe, crear las condiciones mismas para abrogar la injusticia que es la falta misma de una acusación formal al aparato gubernamental responsable del delito de desaparición forzada, como hoy lo sería la desaparición de cuarenta y tres normalitas de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Con esto no se quiere decir que absolvamos a quienes fungen el papel de autoridades, sino que las juzguemos a la luz de la historia, que las relevemos de la potestad de su cinismo.

El caso del veintiséis de septiembre ha alcanzado un aforo mediático de magnitudes insondables, la indignación, si bien no ha corrido como pólvora, pues no ha prendido en todos los sectores de la población de manera significativa, sí ha hecho aparecer para los menos, una idea, suficiente para cuestionar de fondo a todo el sistema político mexicano, “ha sido el Estado el responsable único de la desaparición forzada de cuarenta y tres jóvenes normalistas”, sí #FueelEstado. Entonces podemos decir que si el sólo hecho de que un crimen como la desaparición forzada de personas, es la primera muestra de que no existe un régimen democrático, o de que éste se viene abajo en sus supuestos constitutivos, corresponderá pues a la sociedad organizada restituir los valores democráticos que han sido lesionados, en desagravio de la soberanía popular, de la cual también se han burlado.

Esto no sucedió en el 68, nunca antes, tan amplios sectores de la sociedad mexicana han conocido de manera masiva y de forma inmediata hechos similares, en los que autoridades de distintos niveles de gobierno sean responsables de la orden y consentimiento de una agresión en contra de la población civil; no estaríamos hablando de una certeza acabada de los hechos sino de una amplia difusión de los mismos, en sus consecuencias más prontas el atentado en contra de la integridad física de jóvenes mexicanos, p. ej., ahora se tiene certeza sobre la masacre de Tlatelolco, pero cuántas personas se dieron cuenta del crimen el tres de octubre de aquel año. Hoy, nosotros nos hemos enterado del asesinato de trece personas (una de ellas con aterradores signos de torura) y la desaparición de más de cincuenta, al día siguiente a los hechos; es claro que no se ha guardado el mismo silencio de antes, el #FueelEstado es una resonancia que nos simbra de coraje.

Sin embargo, ante un crimen de Estado un pueblo no puede plantearse la justicia bajo el mismo orden en que hasta entonces se ha sustentado la conformidad social frente a las instituciones, es decir, la legitimidad; frente a un crimen de Estado, no se puede confiar en las investigaciones de un gobierno que puede ser señalado de responsable directo, así de absurdo es, como que el titular del ejecutivo haya designado a un comisionado centralizado dentro del ejecutivo para investigar un conflicto de interés en la compra de fastuosas propiedades por parte de la primera dama y un secretario de Estado, esto a un contratista favorecido en múltiples negociaciones dentro de gobiernos priistas -como antecedente el mexiquense-; aquí también cabe la percepción generalista, pues es visible el cinismo de la clase política frente a los cuestionamientos de la opinión pública, mismo cinismo con el que ha diseñado la estructuración del Estado mexicano, se revela pues la farsa de Estado.

Y es que una violación de esta naturaleza, como lo es la desaparición de los cuarenta y tres, es hasta una regresión al refinamiento del poder, desnuda la imagen del Estado moderno sobre la que se construye o hacia donde pretende dirigirse la sociedad actual, el aparato de dominación se lava la cara y muestra su verdadero rostro, el del despotismo más exacerbado y vergonzante.

Hoy está puesto el llamado para que salgamos con la palabra por delante a encontrar la justicia, a librar la historia, a cuestionar nuestra propia posición, reconocer hasta dónde nos ha relegado ésta forma de Estado, hasta dónde nuestra soberanía, cuánta es nuestra libertad de autodeterminación, el paraqué de la autonomía, hacía dónde nuestros derechos, cuándo la transformación de nuestras relaciones de producción. Un gran debate se está abriendo, y lo más alentador son los distintos foros en que hemos de encontrarnos, pues las resoluciones de cada uno de ellos serán voces a punto de actuar.

*Fotografía – Corresponsalía de Chubakai.

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LA IMPRENTA DE FRAY SERVANDO, XAVIER MINA Y EL MEXICO INDEPENDIENTE

Los próceres de la independencia de este nuestro amado país, México, conocedores de la importancia que representa la libre expresión de las ideas, trajeron en 1817, junto a las vituallas y sus armas, una imprenta que fue confiscada por el imperio español. Esa imprenta sirvió muchos años después de haberse conseguido la independencia y ésta máquina histórica se encuentra en el “Museo del Obispado” en Monterrey, Nuevo León, México.

Años después, nuestros compañeros fundadores, en 1969, impulsaron y defendieron, a costa de su vida (recordemos que algunos de ellos aún los buscamos pues son desparecidos políticos), la libre expresión de las ideas.

¡Vivos los llevaron! ¡Vivos los queremos!

En éstos momentos de crisis estructural y mundial del sistema político, económico y social, debemos promover una vez más a la responsabilidad social para preservar el derecho humano fundamental de “la libertad de expresión”, por lo que La Casa de Todas y Todos les invita , queridas compañeros, a prepararnos en la formación de corresponsalías que aporten la información oportuna, comunicación veraz y con contenido social, que permita comprender y superar el trance que, como países y pueblos hermanos, estamos padeciendo.

El objetivo nodal de esta Red de corresponsalías es conocer de cerca los movimientos sociales que se desarrollan en México y el mundo, y difundirlos a través de nuestra página y servir de enlace para que las demandas de los pueblos sean conocidas, generando así una conciencia colectiva sobre la situación que vivimos los pueblos y sobre las diferentes formas de lucha social frente al capitalismo, en México o en cualquier otro país.

Que nada ni nadie coarte la libertad de expresión!, ¡es el principio en el que se basa todo el derecho a estar bien informado!

La responsabilidad es grande. Aquí no hay premios, ni salarios, ni descansos. Somos trabajadores anónimos, somos alguien cualquiera, somos compañeros de lucha.

Que fluya la información escrita o gráfica a nivel nacional y mundial.

Comunícate a corresponsalias@casadetodasytodos.org solicitando información.

Grupo Editorial de la Casa de todas y todos.

Corresponsalía de J.C.

Se avecinan guerras difíciles: el escenario está preparado
El despojo genera más ganancia que la explotación

El despojo se ha convertido en el eje rector del capitalismo moderno porque genera mayores ganancias que la explotación de la mano de obra, con lo cual la acumulación pasó a segundo término, afirmó el analista uruguayo Raúl Zibechi durante la presentación del libro Latiendo Resistencia: Mundos Nuevos y Guerras de Despojo, resultado de un trabajo colectivo.
Señaló que los Estados de todo el mundo entraron en crisis al eliminar el aspecto “bondadoso” de Estado de bienestar y mostrar su verdadero rostro represivo y criminal, haciendo visibles el poderío policiaco y militar para permitir el despojo del capital.

“Hoy lo que manda es el poder militar. El mejor Estado es donde la policía y el ejército no se notan. El peor Estado es el que tiene que reprimir y matar”, puntualizó durante el evento realizado en la ciudad de Chihuahua el sábado 2 de mayo.

Consideró que los tiempos de guerras vividas fueron duras pero las guerras que se avecinan serán peores, pues “los escenarios están preparados y al sistema no le genera ningún problema” recurrir a lo que sea para mantenerse.

Descartó que apoyando cierta opción electoral o mediante manifestaciones logremos sacarnos la opresión, pues “los de abajo sufren un estado de excepción permanente, viven en campos de concentración a cielo abierto”.

El analista destacó la importancia de conocer lo que pasa en el mundo para definir la lucha de resistencia y la respuesta que se le ha de dar a la guerra del capitalismo contra los pueblos. “El futuro a corto y mediano plazo no es optimista, pero aun en las condiciones más difíciles se puede resistir y construir alternativas autónomas”, como es el caso del pueblo kurdo. Mencionó como ejemplo de éstos movimientos autónomos al zapatismo y la creación de 600 huertos para autoconsumo en el mismo corazón de Estados Unidos (Nueva York).

“En condiciones de guerra (en Kurdistán) han logrado impulsar procesos autonómicos y gobierno asambleario. Esto prueba que todos podemos ser capaces de hacerlo en las condiciones más difíciles”, dijo.

Para Zibechi, el análisis económico tradicional ya es insuficiente para comprender el capitalismo, pues “la economía está subordinada a la política y la política a lo militar”. En este contexto, los gobiernos de América Latina someten mediante la fuerza bruta a sus pueblos. “Nos acercamos a un periodo en América Latina cada vez más difícil y nuestro pensamiento se debe situar en esta perspectiva”.

Explicó que los hombres más poderosos del planeta, organizados en el llamado Club de Bilderberg, discutieron durante una reunión reciente qué hacer para disminuir la población mundial a la mitad, con la idea de reducir gastos militares y de control social.

“Sólo podemos triunfar en contra de la historia, porque nos hacen creer que los poderes están tan blindados, que no es posible derrotarlos. Cuando hay gente que resiste se generan poderes. El asunto es ver qué hacemos con esos poderes”, finalizó.

Corresponsalía de Emilio Charles

Con este artículo se inaugura la sección de Opinión; los análisis, opiniones, posiciones y textos que sean aquí expuestos no corresponden necesariamente con las de La Casa de Todas y Todos. Si surge alguna, o tiene interés en participar con algún artículo, o cubrir una corresponsalía, por favor escriba a info@casadetodasytodos.org.

En una nota del diario inglés The Guardian, fechada el 28 de abril y de autoría de Guinevere E. Moore, se informa que el pasado 24 de abril, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos de América dictó un veredicto a partir del cual, agentes de la ley, como la infame Border Patrol, no serán procesados más que por las instancias administrativas de sus propias agencias, en caso de que disparen a ciudadanos mexicanos que, estando en territorio mexicano, se encuentren cerca de la línea fronteriza.

Como bien dice el reportaje: “This isn’t a hypothetic situation: all of this has already happened” – Esto no es una situación hipotética: todo esto ya ha ocurrido.

Desde 2010 han habido al menos 43 casos en que agentes policiacos han hecho uso de la fuerza con intención de matar, y en 10 de esos casos, lo consiguieron.

El caso más paradigmático, a partir del cual nace este dictamen de la Corte, es el de Sergio Adrián Hernández Huereca, un adolescente de 14 años que recibió dos disparos de arma de fuego, uno de ellos mortal, en la cabeza, estando parado en territorio mexicano el 7 de junio de 2010; el agente de la border patrol que le disparó argumentó que el joven aventaba piedras al otro lado de la frontera. Todo esto aconteció debajo de un puente, en la línea fronteriza de Ciudad Juárez.

El agente que hizo los disparos que quitaron la vida al joven mexicano estuvo tres días en cese administrativo y, luego de la revisión del caso, volvió a sus tareas habituales; los Estados Unidos se negaron a extraditar al agente, para que fuese procesado por homicidio en México.

La familia del joven mexicano buscó que se hiciera justicia, y demandó en instancias norteamericanas la actuación de la agencia fronteriza. El dictamen de la corte del Quinto Circuito, por decisión unánime, cierra toda posibilidad para que se haga justicia en instancias estadounidenses.

Hay dos enmiendas constitucionales que protegen a los ciudadanos del abuso por parte de las instancias gubernamentales en situaciones como la de Sergio Adrián Hernández: la cuarta y la quinta enmienda, pertenecientes a la Carta de Derechos (Bill of rights). La cuarta, que prohíbe las búsquedas y enajenación de bienes, a menos que estén respaldadas por una orden judicial sancionada y con el soporte de una causa probable. La quinta, que obliga al Estado, entre otras cosas, a respetar la vida de los ciudadanos a menos que exista un debido proceso legal.

El dictamen de la Corte del Quinto circuito afirma que, dado que Sergio Adrián Hernández no fue un ciudadano estadounidense, no está amparado por la Carta de Derechos de los Estados Unidos; concretamente, que la cuarta enmienda no aplica en dicho caso, y que el reclamo por la quinta enmienda, por la ausencia de un vínculo voluntario con los Estados Unidos por parte de la víctima, no está claramente establecida.

Este dictamen sienta un precedente nefasto, y es una huella más de la opresión imperial de nuestro vecino del norte sobre el pueblo mexicano. Es un dictamen que, en los hechos, considera inferior el valor de la vida de un ciudadano mexicano, al de un estadounidense. Y no se trata de la valoración de un norteamericano cualquiera: se trata de una instancia legal superior en el aparato de Justicia norteamericano; se trata de un dictamen de Estado.

A la par que se escriben estas líneas, en la ciudad de Baltimore, en el noreste norteamericano, se están desarrollando motines por parte de jóvenes, en su mayoría afroamericanos. Esto, después del entierro de Freddie Gray, quien murió la semana pasada a sus 25 años, luego de sufrir lesiones mortales en la columna vertebral a manos de la policía durante un arresto.

Las manifestaciones en torno al caso se fueron volcando hacia la violencia civil, y desde el día 24 de abril, la policía estatal estuvo vigilando las manifestaciones, en las que se reclamaba el inmediato arresto de los oficiales involucrados en la golpiza a Gray, ocurrida el 12 de abril.

A los seis oficiales involucrados en la detención de Gray se les ha suspendido – con paga – mientras se realizan las investigaciones pertinentes. El motivo de arresto de Freddie Gray fue, de acuerdo al reporte policial, que huyó al notar la presencia de la policía.

La muerte de Freddie Gray se suma a la de otros ciudadanos afroamericanos desarmados que han sido víctimas de los “abusos” policiales en distintas ciudades norteamericanas.

En diciembre de 2014, Rumain Bribson, de 34 años, murió a causa de los disparos de un oficial que confundió un frasco de pastillas en la mano de la víctima, con un arma. El dictamen del caso está pendiente.

El jóven Tamir Rice, de 12 años de edad, murió el 22 de noviembre de 2014, luego de que un oficial le disparara al confundir un rifle de diábolos con un arma. El dictamen legal del caso está pendiente.

Akai Gurley, de 28 años, murió en Brooklin, NY, el 20 de noviembre de 2014. Un oficial le disparó, sin motivo alguno. El caso se encuentra bajo investigación.

Kajieme Powell, de 25 años, murió en San Luis Missouri, el 19 de agosto de 2014. Murió luego de que los policías le dispararan por “acercarse amenazante con un cuchillo en mano”. Evidencia de video indica lo contrario. El dictamen legal del caso está pendiente.

Ezell Ford, de 25 años, murió en Los Ángeles, California, luego de que oficiales le dispararan en una detención de “investigación”. Los familiares afirman que estaba acostado cuando le dispararon. La investigación del caso está congelada, y el dictamen del caso, pendiente.

Dante Parker de 36 años, murió en San Bernardino, California, el 12 de agosto de 2014. Fue detenido luego de que la policía fue notificada de un intento de robo a casa habitación, en el cual el sospechoso huyó en bicicleta. Parker fue hallado en una bici, se intentó detenerlo, se negó, y se hizo uso de fuerza letal sobre su persona. El dictamen del caso está pendiente, aunque ya está en instancias federales.

Michael Brown, 18 años, murió en Ferguson Missouri, el 9 de agosto de 2014. El agente Darren Wilson le disparó luego de un altercado dentro del carro de Wilson; el oficial argumentó que Brown “se veía como un demonio”. Wilson no fue indiciado por homicidio; simplemente renunció a la policía de Ferguson.

Casos similares: John Crawford, de 22. Tyree Woodson, de 38; Eric Garner, 43; Victor White, 22; Yvette Smith, 47; Mckenzie Cochran, 25; Jordan Baker, 26, Andy lopez, 13; Myriam Carey, 34; Jonathan Ferrell, 24; Carlos Alcis, 43; Larry Eugene Jackson, 32; Deion Fludd, 17… Y decenas más en los últimos 15 años.

Los casos suman evidencia de que existe un claro perfil racial en la actuación de la policía estadounidense; sin embargo, es de notar que el carácter violento y frecuentemente letal de sus agentes se extiende a otros sectores de la población.

De hecho, el país que dice abanderar la libertad y la búsqueda de la felicidad, tiene la más alta tasa de población penitenciaria – 500 prisioneros por cada 100,000 habitantes; esto es cinco veces más que el promedio, sumando hacia 2010, cerca de 1.6 millones de habitantes encarcelados. De ese total, el 90% son hombres; la gran mayoría, entre los 20 y los 30 años; el 70% de ellos no terminaron la preparatoria; y sí: la proporción de ciudadanos afroamericanos, tras las rejas, es mayor a la de ciudadanos blancos 3,074 a 459 por cada 100,000 habitantes. Seis veces más.

Es pertinente señalar en este punto, que el sistema penitenciario en los Estados Unidos es un negocio sumamente lucrativo, en el que están involucrados entidades financieras e industriales como el banco Wells Fargo, el Bank of America, la General Electric, y The Vanguard Group. El número de prisiones privadas creció enormemente, de cinco prisiones administradas de forma privada, en 1990, a más de cien hacia el año dos mil.

A la par, la población penitenciaria ha sido crecientemente ocupada como mano de obra barata – (low wage labor), en cada vez más amplios porcentajes, con salarios que rondan menos de $1.25 USD por hora de trabajo.

Desde esta perspectiva, los motines y la sublevación popular que se advierte en las imágenes que llegan desde Baltimore, Maryland, son actos directamente concatenados con la opresión institucional del Estado imperial hacia amplios márgenes de su propia población.

Finalmente, resta señalar que el crecimiento de las agresiones contra la población juvenil, particularmente la afroamericana, así como el incremento de la población penitenciaria está directamente vinculado con un proceso que ha sido equiparablemente doloroso para otros pueblos americanos, incluido el nuestro, y el colombiano: la política de la Guerra contra las drogas, instaurada por el gobierno del presidente Reagan en los años ochenta, y que ha servido de ariete para sembrar las condiciones de control poblacional que permitan la instauración del esto de políticas que – a la par – se han ido implementando, y que conocemos como neoliberales.

Este artículo fue realizado con información de los siguientes sitios:

http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/apr/28/us-border-agents-permission-shoot-people-mexico

http://gawker.com/unarmed-people-of-color-killed-by-police-1999-2014-1666672349

http://www.prb.org/Publications/Articles/2012/us-incarceration.aspx

http://en.wikipedia.org/wiki/Incarceration_in_the_United_States#Privatization

El pasado sábado 31 de mayo, alrededor de las nueve de la mañana, una caravana de compañeros ciclistas organizados en el grupo de recreo “Sunday Bikes”, que viajaban sobre la carretera nacional rumbo al municipio de Santiago, en Nuevo León, fue embestida a la altura de la colonia Residencial Los Palmares por un automóvil que, según testigos, iba conducido por jóvenes en estado de ebriedad y que además se desplazaba en exceso de velocidad. La colisión contra los ciclistas causó la muerte de Heliodoro Rodríguez, de 46 años de edad, quien tenía tres años de pertenecer al colectivo ciclista “Zombies en bici” y que a causa del impacto con el automóvil, sufrió fractura craneal. Así también, otros cuatro compañeros resultaron seriamente heridos.

Tras la embestida, el conductor y sus acompañantes intentaron huir del lugar, abordando un segundo automóvil, con el que se presume tenían relación, sin embargo parte de los ciclistas lograron retener la llaves del conductor, evitando con ello que éste pudiera escapar, acción a la que respondió con amenazas directas hacia los presentes. Una vez llegados los servicios de socorro al lugar se tuvo que esperar alrededor de tres horas para que las autoridades pudieran ordenar el traslado del cuerpo del compañero ciclista que desafortunadamente ya había fallecido.

El lamentable suceso ocurrido este fin de semana no puede catalogarse como “accidente cualquiera”, pues el deceso trágico se suma a un amplio número de muertes relacionadas con el acto criminal de tomar el volante en estado de ebriedad, así como que el fallecimiento de un ciclista golpea de cerca a la comunidad que se moviliza en torno al fomento de esta actividad y que constantemente tiene que enfrentarse a la miopía de las autoridades, quienes ignoran los múltiples reclamos para que se garantice la seguridad en las vialidades a quienes opten por el ciclismo como medio de transporte.

La bicicleta aparte de ser un medio de transporte sustentable y una herramienta para resolver el problema de movilidad en la ciudad, es utilizada por la mayoría de la población ya que es el principal medio de transporte de la clase trabajadora, pues el sistema de transporte público que se brinda en la ciudad de Monterrey no parece ser una mejor opción, esto debido a las pésimas condiciones de las unidades que no reflejan el elevado costo que el usuario debe pagar para movilizarse en ellos. Por citar un ejemplo los transportes llamados “periférica” cobran $12 pesos por persona, lo que genera un viaje redondo de $24 pesos, empero si el usuario debe tomar más de un camión para llegar a su destino, el costo total de su pasaje es de $48 pesos, es decir casi el 70% del salario mínimo que se debe invertir en transportes. Lo anterior deja a la bicicleta como una de las mejores alternativas para transportarse. Lamentablemente tanto las y los peatones como las y los ciclistas somos los más vulnerables e invisibles al utilizar las calles, ya que éstas son diseñadas prioritariamente para el automóvil.

En éste como en otros sucesos trágicos relacionados con la falta de seguridad vial, son los tres niveles de gobierno quienes deben de asumir en primer término su responsabilidad frente a estos hechos, ya que ha sido impulsor de la cultura que privilegia a los automóviles y de la carencia de educación vial, alentando esto con descuentos en las amonestaciones de tránsito, repartiendo licencias bajo estándares poco exigentes, al ser permisivo en el tratamiento de un problema social como lo es el alcoholismo y al dejar en segundo plano la importancia de los espacios lúdicos y recreativos para la sociedad, sobre todo para la juventud.

Esto no exime el grado de responsabilidad que todos y todas, como parte de la comunidad que se traslada de un lugar a otro, tenemos en exigir a las autoridades el cumplimiento de sus funciones para garantizar la seguridad en las vialidades, asimismo la responsabilidad que tenemos como individuos de contribuir a una cultura de respeto a la vida.

Para finalizar cabe mencionar que quienes colaboramos en La Casa de Todas y Todos nos solidarizamos con las familias tanto del compañero ciclista Heliodoro Rodríguez, como las del resto de los lesionados, así mismo con los colectivos que promueven el uso de la bicicleta en la ciudad y con cada uno de l@s ciclistas y peatones injustamente invisibles. Ante esta situación confirmamos la necesidad de que organizaciones y colectivos nos unamos y trabajemos para la construcción de una ciudad más humana.

¡No a la criminalización del peatón!

¡No a la criminalización del ciclista!

¡No a la criminalización de los jóvenes!

¡No a la limitación de libre tránsito a peatones, ciclistas y colectivos!

¡Exigimos que se asuman las responsabilidades consecuentes de Estado y Sociedad!