En días recientes fue aprobada por el Congreso de la Unión la Reforma Educativa compuesta por tres leyes secundarias: la del Instituto Nacional de Evaluación, la General de Educación y la General del Servicio Profesional Docente. La aprobación se hizo a pesar de las intensas movilizaciones que aún realizan en todo el país los maestros organizados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, cuyas propuestas fueron ignoradas por los legisladores luego de algunos simulacros de diálogo de la parte oficial.
Desde que fue presentada la Iniciativa de Reforma Educativa, los maestros democráticos organizaron la resistencia que se recrudeció al iniciar el ciclo escolar 20132014 a través de manifestaciones masivas, paros laborales, marchas, volanteo, caravanas, toma de carreteras, bloqueo a la Cámara de Diputados, bloqueo al Aeropuerto de la Ciudad de México y un plantón en el Zócalo.
Los trabajadores de la educación no sólo han resistido las incomodidades de una lucha desigual frente al poderío del Estado, sino que también han enfrentado una intensa campaña discriminatoria y de linchamiento en los medios de comunicación, que los califica de vándalos, flojos, mugrosos, gorilas y otras etiquetas que buscan desprestigiar y desacreditar el movimiento ante los ojos de la ciudadanía.
Como lo han mencionado los propios maestros, la Reforma Educativa en realidad es una reforma laboral que elimina derechos conquistados por los trabajadores de la educación a lo largo de muchos años de lucha. La reforma fue diseñada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para su aplicación en México y es parte del menú hecho para agradar a las grandes empresas que buscan invertir en el jugoso negocio de la educación en cuanto se haga realidad el desmantelamiento total de la escuela pública.
Dicha reforma convierte a la educación en una mercancía sometida a las leyes del mercado, donde el maestro pasa a ser un empleado sin derechos, en peligro permanente de despido y condicionado a evaluaciones constantes a cargo de personas ajenas a los problemas diarios de la escuela y a las condiciones de pobreza en que viven los alumnos y sus familias.
En lo esencial la reforma establece evaluación obligatoria para los maestros, concursos de oposición, sanciones y despido masivo de profesores para renovar la planta eliminando los derechos laborales, sin posibilidad alguna de defensa legal para los afectados. Es decir, se trata de una evaluación que castiga a los trabajadores de la educación con el fin de eliminar a la escuela pública para ponerla en manos de la iniciativa privada.
Desde el inicio de su gestión, el gobierno de Peña Nieto no vaciló en darle continuidad a la política neoliberal de los gobiernos anteriores, con la sola diferencia de que ésta vez ha pisado el acelerador hasta el fondo, sin miramientos de ningún tipo, impulsando la aprobación “fast track” de reformas estructurales.
A la Reforma Educativa, elaborada, presentada ante el Congreso de la Unión y aprobada en un tiempo récord aprovechando el periodo vacacional decembrino de los maestros, le han seguido en cascada otras reformas que buscan entregar las riquezas naturales del país a los grandes capitalistas nacionales y extranjeros.
Como antecedente a estas iniciativas siempre observamos el despliegue de grandes campañas en los medios de comunicación, que buscan convencer a las población de la “necesidad” de las reformas como forma de “mover a México”, sacarlo de su inercia y elevarlo al nivel de las grandes potencias mundiales mediante el impulso de la competitividad y la productividad.
Con el supuesto de que México no tiene otra opción que integrarse a la economía global, el capitalismo salvaje y depredador busca salvar su crisis aumentando el saqueo de los países pobres, obligando a los gobiernos títeres de todo el mundo a promover reformas para eliminar los derechos sociales y abrir las puertas a la inversión extranjera. En menos de un año, éstas medidas le han ganado a Peña Nieto el repudio generalizado de la población, al grado de que las páginas oficiales de la Presidencia de la República que se anuncian en internet se ven inundadas de comentarios que reflejan el hartazgo de la sociedad por los altos niveles de inseguridad, carestía, desempleo y deterioro en los niveles de vida de la población trabajadora. Con la reforma energética se abren las puertas a la inversión de las empresas extranjeras y al saqueo de país, gracias al Estado servil representado por Enrique Peña Nieto.
Sabiendo que éstas medidas aumentan la irritación social, el Estado prepara medidas de contención y represión, fortaleciendo su aparato policiaco y militar, aplicando estrategias utilizadas en otros países que cuentan con más experiencia en disolver grandes protestas sociales. Por ejemplo, se anuncia la organización de la Gendarmería Nacional (copia de Francia) y el establecimiento del mando único de las policías para concentrar datos a nivel nacional mediante el intercambio de información entre los servicios de inteligencia.
La organización del aparato represivo se convierte en una tarea de máxima importancia para el Estado que contener y controlar las protestas masivas que se anticipan como resultado de las reformas estructurales para beneficio de las empresas trasnacionales que buscan saquear las riquezas naturales del país, especialmente el petróleo y la energía eléctrica. Como parte de la estrategia del Estado, vemos como se exhibe en los medios de comunicación el despliegue del aparato represivo en los momentos de mayor irritación social, con el fin de transmitir miedo e impotencia.
Hoy mediante la campaña mediática previa a la aprobación de toda reforma, nos vuelven a bombardear con las “bondades” de una reforma energética que permitirá bajar las tarifas en el consumo de energía eléctrica y los costos del gas natural. Sabemos que esas son patrañas, como lo han sido las promesas anteriormente difundidas por los grandes medios de comunicación controlados por el Estado.
Con la Reforma Energética viene la Reforma Hacendaria, mediante la cual se busca cargar sobre la población trabajadora el costo de la venta del petróleo al extranjero, aplicando impuestos a los alimentos y medicinas y justificando la cacería contra miles de personas que encuentran en el comercio informal la única manera de sobrevivir ante la carencia de empleos.
Más irritación social y más represión, pero también más necesidad de organizar el repudio de la sociedad para detener la barbarie del capitalismo tardío que busca someter al país con toda su fuerza y con todos los medios a su alcance.
VIVIR POR LA PATRIA O MORIR POR LA LIBERTAD
Grupo Editorial “tod@s”
