El mismo Estado: las mismas víctimas, los mismos victimarios
Este 2 de octubre se conmemora el 46 aniversario de la represión del Estado contra el movimiento estudiantil de 1968, que dejó como saldo miles de víctimas: muertos, heridos y desaparecidos cuyo único “crimen” fue la lucha pacífica contra la impunidad y por la democratización de los espacios educativos.
Cifras conservadoras estiman que fueron asesinados por el ejército poco más de mil 500 estudiantes, mientras que muchos otros fueron detenidos, sometidos a golpizas, vejaciones y fusilamientos simulados. A su vez, cientos de mujeres fueron ultrajadas y violadas por las fuerzas castrenses, sin que hasta la fecha se haya hecho justicia.
Desde entonces y hasta la fecha, podemos asegurar que nada ha cambiado en cuanto a la política del Estado contra las voces inconformes, salvo que hoy el aparato represivo es más complejo y se nutre con lo más avanzado de la tecnología y de leyes retrógradas que favorecen y justifican la violación de los derechos humanos más elementales.
La realidad nacional nos muestra que hoy como en aquellos años, se criminaliza y reprime al joven y al estudiante, se le margina y se le niegan oportunidades de empleo, de estudio y de desarrollo; en una palabra, se le niega el derecho a un futuro digno.
Uno de tantos ejemplos de lo que decimos, es que no terminábamos de informarnos sobre el asesinato de adolescentes que protestaban contra los abusos policiacos en Ciudad Hidalgo, Michoacán, cuando nos enteramos del brutal homicidio de cinco estudiantes (y la desaparición de otros 57) de la Normal Rural de Ayotzinapa. En ambos casos (Michoacán y Guerrero) aparecen los mismos victimarios: policías municipales protegidos por los gobiernos de los tres niveles. Y en ambos casos aparecen también las mismas víctimas: jóvenes estudiantes que al igual que en 68, sólo luchaban de forma pacífica por una mejor sociedad y mejores oportunidades.
El hecho de ser joven y/o estudiante sigue siendo considerado un crimen, hoy igual que en el 68 (y durante todo el sexenio de Díaz Ordaz y los gobiernos que le antecedieron y sucedieron). Esta guerra declarada significa para el joven estudiante persecución, desprecio, represión, marginación y en muchos casos desaparición forzada. De la misma manera que en el 68, el Estado mantiene una guerra sucia contra los movimientos sociales y permite y alienta el atropello y violación de los derechos humanos contra los jóvenes en todo el país con apoyo del Ejército, policías, paramilitares, narcos y sicarios a sueldo.
En este contexto, la denuncia que hacemos las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN) por la desaparición forzada de nuestros compañeros desde 1974 (Lista de Ocosingo), es sólo un botón de muestra de la indignación que recorre el país por la guerra sucia instrumentada por el Estado, ya no sólo contra los luchadores sociales, sino contra todo potencial inconforme y rebelde, o sea contra el pueblo en general.
El mismo gobierno reconoce la cifra de más de 30 mil desaparecidos y 100 mil muertos en una supuesta guerra contra el narco que sólo ha dejado devastación, miles de víctimas inocentes, inseguridad y rompimiento del tejido social. Y en éste campo de batalla con bajas de un solo lado, los jóvenes y los estudiantes vienen a convertirse en el enemigo principal del Estado, por su incansable lucha contra la injusticia.
Antes como ahora, las FLN mantienen entre sus demandas principales la ubicación y/o liberación de nuestros compañeros desaparecidos y de todos los desaparecidos políticos del país, así como un alto a la criminalización, persecución y represión de luchadores sociales, especialmente de los jóvenes y estudiantes.
Pero la lucha por la liberación nacional no se logra sólo con esto. Sabemos que no bastan las palabras, la denuncia y la indignación, y que sólo la organización en todos los frentes terminará con esta pesadilla, porque necesitamos construir la nación que nuestro pueblo merece.
¡Vivir por la Patria o Morir por la Libertad!
Octubre 2 del 2014
