Impunidad a 10 años de la desaparición de 43 normalistas
Sobrevivientes de la L-23 recuerdan saldo de la “guerra fría”
“…le recordamos al gobierno que termina y al próximo, que no puede haber conciliación
verdadera si no hay verdad completa, castigo y justicia verdadera, porque esto significaría que,
en cualquier otro momento de la historia del país, esta dolorosa represión se volvería a repetir,
sin la posibilidad de arreglar los conflictos por las vías pacíficas y legales”
Exmilitantes de la Liga 23 de Septiembre
La indignación y rabia ante un Estado promotor y cómplice de la brutalidad policiaca y militar en la violación de los derechos humanos, han marcado los diez años de investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, registrada el 26 de septiembre de 2014 durante la noche trágica de Iguala, en el estado de Guerrero.
El crimen de lesa humanidad contra los normalistas es aberrante, y por desgracia sólo es parte de una larga lista de atropellos del Estado contra el pueblo. Es una herida profunda en el corazón de México que sólo logrará sanar cuando exista justicia para las víctimas, castigo para los culpables y garantía de no repetición.
Los 43 estudiantes de Ayotzinapa se suman a la lista de miles de desapariciones forzadas que el Estado sigue sin resolver, registradas no sólo durante los últimos sexenios, sino en el periodo de la guerra sucia contra los movimientos armados y contra inocentes de la lucha del crimen organizado, cuyas muertes se busca justificar como “daños colaterales”.
La protección sistemática de los crímenes del ejército, profundizada por el Estado de la Cuarta Transformación, ha dejado un saldo estimado de 120 mil desaparecidos a nivel nacional. Sólo en el estado de Jalisco la cantidad supera los 15 mil desaparecidos,“en la época que ha gobernador Movimiento Ciudadano a través de Enrique Alfaro, lo que significa un verdadero genocidio contra nuestro pueblo”, dijeron sobrevivientes de la Liga 23 de septiembre, durante la conmemoración del 59 aniversario del asalto al cuartel de Ciudad Madera, Chihuahua, realizada en la ciudad de Guadalajara.
Los activistas exigieron que se esclarezca la desaparición de los 43 normalistas, de los desaparecidos y asesinados durante la “guerra sucia” y de miles más registradas en años recientes, castigo a los responsables, reparación del daño y garantía de no repetición.
Durante el evento, los organizadores leyeron un pronunciamiento sobre el informe de la Comisión de la Verdad difundido el pasado 6 de agosto sobre las violaciones a los derechos humanos realizadas por el ejército y policías en el periodo de 1965 a 1990 mediante acciones “de terrorismo contra poblaciones inermes, afectando física, emocional, política y socialmente a miles de mexicanos”.
Sostuvieron que la “guerra sucia” fue en realidad la estrategia contrainsurgente del Estado y su aparato represivo contra el pueblo con apoyo de Estados Unidos bajo el pretexto de la doctrina imperialista de “seguridad nacional”. El propósito era, además de eliminar las guerrillas urbanas y rurales, destruir el tejido social de comunidades que apoyaban o simpatizaban con los rebeldes. Se trató de una “estrategia de “aldea arrasada” aplicada en Vietnam y Centroamérica, que incluía la persecución, detención, asesinato y desaparición de pobladores, familiares, amigos y supuestos simpatizantes.
Destacaron que muchos de los sobrevivientes fueron liberados gracias a las movilizaciones de familiares agrupados en el Frente Nacional Contra la Represión, después nombrado Comité Eureka, encabezado por la señora Rosario Ibarra De Piedra, quien vivió en carne propia la desaparición de su hijo Jesús Piedra Ibarra en la ciudad de Monterrey, N.L..
Con el arribo a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, se abrió la esperanza de que tal vez él, a diferencia de sexenios anteriores priístas y panistas, ahora sí realizaría una investigación seria sobre las desapariciones forzadas en México, pero los resultados fueron francamente desalentadores y la esperanza se vio literalmente traicionada para los derecho-humanistas y sobre todo para las familias de las víctimas al finalizar el sexenio.
LOS VUELOS DE LA MUERTE
Por años de investigación directa en archivos y expedientes que sobrevivieron a la destrucción de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), por testimonios de sobrevivientes y desaparecidos que fueron liberados y hasta exmilitares, se supo que uno de los métodos más sanguinarios utilizados por el ejército durante la guerra sucia fueron los vuelos de la muerte. Éstos consistían en arrojar a los detenidos al mar desde aviones militares, incluyendo a opositores, sus familiares y hasta inocentes, sin otorgarles derecho a juicio y sin posibilidades de defensa alguna, al total arbitrio de los mandos del ejército y de las órdenes de los presidentes en turno.
“Esta forma terrorista de actuar de las instituciones supuestamente legales y legitimas es sólo una de tantas formas de atacar a toda oposición, sobre todo a partir de los años 40s y a través de muchas décadas, pero en especial a los que esta dictadura perfecta consideraba un peligro para su dominación”.
Los organizadores resaltaron la indolencia del Estado a lo largo de todos los sexenios, incluido el de López Obrador.
“…se persiste en la manipulación y el ocultamiento de toda la verdad, sobre todo sin precisar lugares en los que se cometieron tales prácticas y sobre todo también en la identificación de los responsables directos y su enjuiciamiento ante los tribunales de justicia del país. Se contesta con evasivas, con simulación, simulacros y construcción parcial de respuestas, con la entrega de archivos incompletos y censurados, se implementan mecanismos para la “reparación y no repetición del daño”.
Agregaron que el Estado justifica la actuación del ejército, marina, guardia nacional, fuerzas policiacas y paramilitares contra el pueblo bajo el pretexto del derecho al monopolio legal del uso de la violencia o con el alegato de que “cumplieron ordenes de autoridades civiles”. Cuando queda al descubierto su responsabilidad, son protegidos para no ser procesados y castigados, como hasta hoy sigue siendo el caso de los 43 normalistas de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos.
Sobre la respuesta del Estado en el tema de la guerra sucia, consideran una burla que se incluya a los militares entre las víctimas:
“… En particular queremos decirle al general Luis Crescencio Sandoval que su propuesta de que incluyan los militares caídos como homenaje en el monumento de las víctimas de la represión es un despropósito, ya que esos soldado caídos no cayeron en un guerra entre ejércitos regulares y donde se respetaran la ética y el honor militar autentico por parte del ejército, sino que cayeron desgraciadamente en una lucha desigual, que defendió a los oligarcas nacionales e internacionales capitalistas y de contra insurgencia, donde la peor parte la llevó el pueblo luchador y consciente del país”.
Finalmente recordaron al presidente saliente y a la presidente entrante “que si no hay justicia no habrá respiro para las autoridades por medio de las protestas y la luchas por nuestras justas demandas. Y que, si sólo hay perdón y olvido sin justicia, la única salida que nos dejarán al pueblo trabajador y nuestras familias será la de seguirnos organizando independientemente por lograr que se recepte la ley constitucional y la aparición con vida de los desaparecidos de toda la sociedad”.
Durante el evento realizado en la Plaza San Andrés de la Ciudad de Guadalajara con motivo de la gesta heroica de los combatientes caídos en 1965 en Ciudad Madera, los sobrevivientes de la organización que vivió las peores persecuciones y represión del Estado mexicano, acompañaron la presentación del libro “Utopía y Plomo, Una Historia de la Concepción Obrera de la Liga Comunista 23 de Septiembre”, del autor Christian Ricardo García Martínez.
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Grupo Editorial de la Casa de Todas y Todos.
