El rostro moderno de la “guerra de baja intensidad“
“Como medio de extraer información durante un interrogatorio, la tortura es notoriamente poco fiable, pero como medio de aterrorizar y controlar a la población, nada resulta más efectivo”
Naomi Klein: La Doctrina del Shock
El desplazamiento de comunidades enteras que huyen del terror sembrado por el crimen organizado y el narcotráfico es la cara moderna de la “guerra de baja intensidad” que el Estado aplicaba hace décadas contra el pueblo. Hoy cumple la misma función: romper el tejido comunitario, desarticular las luchas sociales y mantener bajo control a la sociedad a través del miedo. De este modo, se facilita el despojo de territorios y bienes naturales para imponer proyectos mineros, turísticos y garantizar el abasto de tierras raras y minerales críticos para las cadenas de suministro.
El aumento de la violencia y el control territorial de amplias zonas del país por parte de los grupos criminales favorece, en los hechos, al Estado. El “trabajo sucio” que antes realizaban las fuerzas represivas oficiales y paramilitares contra el pueblo, hoy lo ejecuta el crimen organizado, el cual expande su poder al amparo de la política de “abrazos, no balazos”. Se trata de acuerdos que benefician a ambas partes, ya sean declarados o sobreentendidos.
Para encubrir esto, el Estado maneja un doble discurso: por un lado, presenta el bando de los “buenos” (el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional) contra los “malos” (crimen organizado y narcotráfico) con el fin de justificar y normalizar niveles de militarización, vigilancia y control social que ni siquiera imaginó el gobierno de Felipe Calderón, tan criticado por la llamada Cuarta Transformación (4T). Este discurso oficialista también justifica la inacción ante el desplazamiento de comunidades que habitan regiones ricas en recursos naturales ambicionados por el capital.
Es necesario aclarar que, bajo la presión de Estados Unidos, la 4T ha intensificado la detención y extradición de líderes del narcotráfico, figuras que el imperialismo utiliza para avanzar en sus planes intervencionistas. Por ello, nosotros empleamos el término terrorismo como una estrategia del capital para someter y controlar a los pueblos, y no como la narrativa de los halcones imperialistas representados por Donald Trump, quienes lo usan como pretexto para intervenir e invadir naciones.
GUERRA IRREGULAR
En los últimos meses, las organizaciones criminales han escalado la violencia contra las comunidades mediante el uso de drones cargados con explosivos (balines, clavos y pólvora) para generar terror y provocar desplazamientos forzados. Los ataques se dirigen contra escuelas, viviendas, hospitales y población en general. Entre los agresores destacan el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia Michoacana, el Cártel de Sinaloa y decenas de células esparcidas por todo el país; algunas de ellas están especializadas en el manejo de drones militares y tácticas de combate urbano para lanzar explosivos y sustancias químicas que provocan asfixia y picazón.
Los ataques con drones colocan a las comunidades en un estado de extrema vulnerabilidad, ya que la defensa tradicional de las policías comunitarias se dificulta al convertirse éstas en blanco de bombardeos a distancia. Por otro lado, el reclutamiento —tanto voluntario como forzado— de jóvenes por parte de los criminales, deja a las mujeres solas en la primera línea de defensa de sus territorios. Un reflejo de esto ocurre en Chilapa, Guerrero, donde la resistencia está integradas por madres con sus hijos y algunos adultos mayores, ante la ausencia de hombres jóvenes.
Comunidades como Cofradía, Ostula y Cherán, en Michoacán, se mantienen como bastiones de la resistencia popular contra la agresión criminal. Sin embargo, enfrentan ataques cada vez más severos con drones DJI (de fabricación china) modificados con explosivos, capaces de ser operados a una distancia de hasta 20 kilómetros. El objetivo final de los cárteles es apropiarse de los recursos naturales o abrir nuevas rutas para el narcotráfico.
Los estados con las crisis más graves de desplazamiento forzado son Michoacán, Guerrero, Chiapas, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Nuevo León, Zacatecas y Chihuahua, pero ninguna zona del país escapa a esta guerra contra los pobres. El pánico de las familias desplazadas genera un ambiente que la ultraderecha aprovecha para exigir intervención extranjera o justificar la presencia del Ejército y la Guardia Nacional, corporaciones que rara vez detienen a los criminales (aunque estén plenamente identificados), pero que sí normalizan la militarización de todo el territorio.
En la Montaña Baja de Guerrero (localidades como Xicotlán, Tula, Chilapa, Acahuehuetlán y Alcozacán), se intensificaron desde mayo los ataques del grupo criminal Los Ardillos. Esto ha dejado un saldo superior a mil familias desplazadas, policías comunitarios asesinados, matanza de ganado y destrucción de escuelas y hospitales. Los criminales operan con la protección de narcopolíticos y ante la abierta indiferencia de los tres niveles de gobierno.
El Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) ha denunciado el contubernio gubernamental con Los Ardillos, quienes instalan trincheras cerca de las bases militares sin que ninguna autoridad intervenga. Este grupo, conocido por su sangrienta disputa contra Los Tlacos en la Montaña de Guerrero, desarrolla una guerra de exterminio para “despojar, explotar, extorsionar y usar la tierra como mercancía, y a la fecha, ha desaparecido a 25 compañeros y asesinado a 76”, denuncia la indígena nahua Bernardina. https://www.lavozdemichoacan.com.mx/mexico/seguridad-pais/carteles-intensifican-sus-ataques-con-drones-en-medio-de-la-presion-de-eua/
En la Sierra Tarahumara de Chihuahua, los desplazamientos forzados aumentaron drásticamente desde junio del año pasado, cuando comunidades de los municipios de Moris y Uruachi huyeron ante los bombardeos con drones. El grupo criminal Los Salazar (brazo armado del Cártel de Sinaloa) incendió viviendas y asesinó a indígenas con el fin de adueñarse de las reservas de oro del subsuelo. En municipios como Guadalupe y Calvo y Guachochi, las comunidades han tenido que abandonar sus rancherías ante las balaceras, amenazas y enfrentamientos armados constantes.
El problema del desplazamiento forzado en México es alarmante, aunque las cifras varían según las fuentes. La Universidad Iberoamericana documentó que más de 44 mil personas huyeron de sus comunidades entre 2024 y 2025. Tan solo en 2025, registró 15 mil 795 desplazados en 73 incidentes distintos, de los cuales el 83% fue provocado por grupos criminales. A esto se suman los datos del Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC), que reporta cerca de 93 mil desplazados por desastres naturales en lo que va de este año.
Durante la guerra sucia en El Salvador, el psicólogo e investigador Ignacio Martín-Baró planteaba que la guerra psicológica desarrollada por el Estado cumplía tres objetivos: desarticular las organizaciones populares, debilitar las bases de apoyo popular y eliminar a la oposición política. Ante este panorama, cabe preguntarnos: ¿no estaremos asistiendo simplemente a la modernización de la guerra contra los pueblos en América Latina?
Los ataques del crimen organizado contra la población civil están siendo sepultados por una guerra mediática que utiliza un combo de distractores: la cobertura del Mundial de Fútbol, la pugna partidista entre Morena y el PAN por el caso de Maru Campos en Chihuahua, y las negociaciones del T-MEC con Estados Unidos.
La “sociedad del espectáculo” enfoca sus reflectores hacia temas irrelevantes para dar una buena imagen del país al mundo, dado que está en puerta el multimillonario negocio del balompié. Sin embargo, a pesar del cerco informativo, sale a la luz la inconformidad de estudiantes (Ayotzinapa, Instituto Politécnico Nacional y Normal Rural de Teteles en Puebla), de maestros y sectores sociales afectados por las políticas neoliberales que la Cuarta Transformación mantiene vigentes. Los profesores de la CNTE que intentaron instalarse en el Zócalo ya recibieron su primer aviso de lo que el Estado está dispuesto a hacer si las protestas escalan, mientras un grupo de morenistas atacó a balazos a maestros de la sección 22 de la CNTE que mantenían un bloqueo carretero en San Pablo de Villa Mitla, Oaxaca.
Al mismo tiempo, el Estado refuerza su aparato de vigilancia y represión en las ciudades sede del negocio futbolístico: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. En este escenario, las agresiones del crimen organizado y los planes de desestabilización e intervención de Estados Unidos (donde Chihuahua es punta de lanza) representan una combinación peligrosa para el país de cara a la Copa Mundial.
Como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, la única opción para el pueblo es organizar la lucha y la resistencia desde espacios independientes al poder para construir de redes de apoyo social ante lo que viene.
Efemérides Junio, 2026
“Un pueblo que olvida su historia, está condenado a repetirlo”.
George Santayana
En junio recordamos a dos compañeros que llegaron en diferentes momentos a nuestra organización: A la compañera Ruth, nacida en Campeche y asesinada en mayo de 1983 por el Ejército Federal, la Dirección Federal de Seguridad (D.F.S.) y policías de la Fuerza Pública Poblana, y al Cro. Manolo (Mario Sánchez Acosta), ingeniero mecánico electricista nacido en Veracruz y asesinado en Nepantla en 1974, a la edad de 38 años. Ambos vivieron por la Patria y dignamente murieron por la Libertad.
Junio también nos llama a recordar que el 10 de junio no se olvida, y los estudiantes de esa generación también nos dejaron enseñanzas. A 55 años de esa fecha, recordemos a una generación de jóvenes que no se doblegaron ante las amenazas. Unos se mantuvieron en la lucha a través de organizaciones independientes y otros tomaron el camino de la defensa armada antes que perder la dignidad. Entre éstos últimos estuvo nuestro compañero Ismael, quien escribió su testimonio de vida en un artículo aparecido en el periódico Nepantla, número 5 del año 1979, donde señala: “Si antes del 10 de junio y desde 1968 era claro el carácter represivo del Estado, ese jueves de corpus fue definitivo para buscar con más deseos mi incorporación a la lucha armada…”.
Y como ya sabemos que no debemos olvidar las lecciones que la historia nos deja, recordamos que en 2023 ante la apertura de expedientes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) se hace del conocimiento público que cuatro exmandatarios: Luis Echeverría Álvarez, Gustavo Díaz Ordaz, Adolfo López Mateos y José López Portillo, durante sus respectivas administraciones, permitieron la asesoría de Estados Unidos en estrategias de contrainsurgencia a la tristemente célebre DFS durante la llamada guerra sucia, que consistió en medidas de represión político-militares para disolver movimientos opositores, tanto políticos como armados.https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_L%C3%B3pez_Portillo
Si ya desde entonces, y a nivel mandatarios del país, el imperialismo norteamericano asesoraba, ¿cómo no esperar que gobiernos de diferentes estados, como el de la gobernadora de Chihuahua, lo haga?, y si antes el Estado ya se valía de guardias blancas, paramilitares, halcones, etc…, ahora cuentan con el contubernio del crimen organizado en diferentes Estados del país, y con el pretexto del narcotráfico, el imperialismo pretenda invadir a países de América Latina. https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_L%C3%B3pez_Portillohttps://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_L%C3%B3pez_Portillo
Por eso la historia, basada en hechos contundentes como el del 10 de junio de 1971, donde el proceder de las administraciones de esa época acarrearon miles de compañeras y compañeros desaparecidos y/o asesinados, podemos decir con firmeza, que ¡FUE EL ESTADO! el responsable de todo ese acontecer que antecede al actual, que solamente cambia de color, por lo que nuevamente nuestro llamado sigue vigente: ¡justicia para nuestros compañeras y compañeros “desaparecidos” y/o asesinados por esa maquinaria de represión.!
Grupo Editorial de la Casa de Todas y Todos.
¡Vivir por la Patria! o ¡Morir por la Libertad!
